(ABI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó este lunes a la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus excolaboradores para viabilizar juicios de responsabilidades. ¿Cuáles son los delitos por los que se acusa a las exautoridades?
El préstamo irregular de $us 346,7 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la prórroga ilegal de concesión de Fundempresa, la vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y las restricciones durante la pandemia son los casos por los que el Gobierno presentó memoriales.
Caso FMI
En el caso del préstamo irregular de $us 346,7 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional pide juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez, el exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero; y expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Caso Fundempresa
En el caso de la prórroga ilegal de concesión de Fundempresa dictado ilegalmente en el régimen, el Gobierno solicitó que Áñez, y los exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural, José Abel Martínez Mrden y Adhemar Guzmán Ballivián sean procesados por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica.
Caso residentes bolivianos en Chile
Bolivianos residentes en Chile, asesorados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, denunciaron la vulneración de sus derechos humanos el 2020 debido al cierre de fronteras que les impidió ingresar al país durante la emergencia sanitaria en el régimen de Áñez.
Hoy, se presentó una proposición acusatoria en contra de Áñez, quien es denunciada por resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación. Las víctimas indican que se les vulneró el derecho a la vida digna, a la libertad de residencia, permanencia y circulación, a la seguridad y a la no discriminación.
Caso libertad de expresión en pandemia
Durante el régimen de Jeanine Áñez, se declaró situación de emergencia nacional debido a la pandemia del COVID-19. En la primera ola, se aplicó una estrategia basada en la restricción y persecución a quienes opinen en contra de su gobierno. Todos los que opinaban diferente eran sancionados con hasta 10 años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias.
La denunciada en este caso es Jeanine Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo.
