Los latifundios persisten en Bolivia

    Изображение Jill Wellington с сайта Pixabay

    La Paz (Sputnik).- Hace más de una década, en un referéndum, los bolivianos decidieron por amplia mayoría que las propiedades agrícolas no deben tener una extensión mayor a las 5.000 hectáreas, como medida clave para acabar con los latifundios.

    La norma, que quedó incorporada en la Constitución del Estado Plurinacional aprobada por el mismo referéndum del 26 de enero de 2009 y proclamada como una medida fundamental de la “refundación” del país por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), fue aplaudida por la comunidad ambientalista nacional y mundial.

    Pero los latifundios subsisten en Bolivia, algunos supuestamente divididos en varias propiedades que se ajustan a la norma constitucional.

    Y hay otros, motivo de actuales escándalos, reconocidos por resoluciones oficiales, como un par de concesiones que suman 34.000 hectáreas en favor de la familia de un exministro del reciente gobierno transitorio de Jeanine Áñez (noviembre 2019-noviembre 2020).

    “Legalmente, no se debería haber titulado esa cantidad de hectáreas.
    Estamos haciendo una investigación severa, dar con los responsables y seguramente concluir con la reversión de esas dotaciones irregulares de tierras”, dijo a Sputnik el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo.

    Marinkovic

    El caso mencionado por Characayo es una resolución del Gobierno de Áñez que reconoció el derecho propietario de la familia del exministro Branko Marinkovic, de las concesiones Laguna Corazón, de 12.481 hectáreas, y Tierras Bajas del Norte, de 21.838 hectáreas, en el departamento oriental de Santa Cruz.

    “No se trata solo de una irregularidad administrativa. Aquí hay una cadena de responsables que van desde los beneficiarios hasta funcionarios e inclusive la justicia”, aseguró el ministro.

    Añadió que la eventual reversión de las concesiones no estaría motivada por ideología sino que se ajustaría a las normas vigentes basadas en el referéndum constitucional que fijó el máximo de 5.000 hectáreas.

    El caso comenzó a circular entre las noticias cotidianas desde fines de noviembre pasado, cuando la ong Fundación Tierra lo denunció como “tráfico de tierras”, divulgando una larga lista de documentos administrativos y legales que incluían las resoluciones finales en favor de los Marinkovic.

    Trámite extraño

    La Fundación Tierra ratificó en la última semana su denuncia, divulgando nueva documentación que, según sostuvo, “sustenta” su versión y llamando a las autoridades a realizar “una investigación urgente, rigurosa y pública”.

    A esta denuncia, el ministro Characayo respondió con el anuncio de que el caso no quedará sin solución.

    Según la fundación, el origen del caso se remonta a finales del siglo pasado, cuando los Marinkovic, de origen croata y radicados en el oriente boliviano desde la década de 1950, resultaron enfrentados con indígenas y otros vecinos de la provincia Guarayos de Santa Cruz por las tierras entonces bajo incipiente explotación agrícola pero con gran riqueza forestal.

    En 1998 y luego de fracasar en trámites agrarios anteriores por haber presentado documentos supuestamente falsos, la familia Marinkovic solicitó la titulación del predio Tierras Bajas del Norte, en la provincia Chiquitos de Santa Cruz.

    Un enredado trámite concluyó en octubre de 2019 con una sentencia del Tribunal Agroambiental que reconoció la propiedad de solo 5.000 hectáreas, pero el Gobierno de Áñez reconsideró el caso a partir de marzo de 2020 para concluir otorgando la propiedad entera de 21.838 hectáreas a la familia Marinkovic.

    El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitió el correspondiente título ejecutorial en favor de los Marinkovic el 27 de octubre de 2020, once días antes de la conclusión del gobierno de Añez.

    Ocurrió algo parecido con el fundo Laguna Corazón, de 12.481 hectáreas en la provincia Guarayos de Santa Cruz, objeto de varias resoluciones administrativas, evaluaciones técnicas y sentencias, que terminó con una resolución firmada por Áñez ordenando la emisión del titulo de propiedad en favor de los Marinkovic.

    El INRA aprobó el título ejecutorial el 29 de octubre de 2020, dos días después de la resolución sobre el otro fundo bajo polémica.

    Contraataque

    Branko Marinkovic, quien era ministro de Economía de Áñez cuando el gobierno reconoció en favor de su familia la propiedad de los dos fundos, presentó en diciembre pasado una demanda penal contra el director de Tierra, Gonzalo Colque, acusándolo de calumnias.

    “Dediqué mi vida al trabajo honrado, a la representación empresarial, a la labor cívica y, por un corto periodo de tiempo, al servicio público como Ministro de Estado, gozando en todo este proyecto de una excelente reputación y reconocimiento social”, dijo en su demanda.

    Marinkovic fue líder empresarial y del comité cívico de Santa Cruz, puestos desde los cuales hizo una dura oposición a Evo Morales, encabezando incluso un movimiento cuasi separatista que terminó desarticulado, tras lo cual pasó más de una década refugiado en Brasil hasta que volvió durante la gestión de Áñez.

    Ante la demanda, Colque dijo que tenía pruebas no solo del caso Marinkovic sino de decenas de otras concesiones ilegales de tierra.

    Reveló que la Fundación Tierra ha identificado más de 100 predios agrícolas de más de 5.000 hectáreas que han sido otorgados y titulados por el INRA en el último quinquenio, especialmente en el último año.

    Colque señaló que, con una celeridad inusual, la presidenta Áñez entregó en un año de gestión más de 1.800 títulos de propiedad agraria solo en el departamento de Santa Cruz, y no se han publicado hasta ahora los nombres de los beneficiarios ni las características de los predios.

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