LA PAZ, Bolivia (Xinhua).- El gobierno de Bolivia anunció hoy que todavía no se tiene una fecha para reanudar los vuelos internacionales, pese a que el pasado 3 de junio se retomaron las operaciones del transporte aeronáutico de pasajeros domésticos bajo medidas de bioseguridad por la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19).
El viceministro de Transporte, Julio Linares, informó a los periodistas que se trabaja en asumir la decisión de la reapertura de las fronteras aéreas para las salidas y llegadas de vuelos internacionales.
“Tomar una decisión se hace difícil ahora, pero seguimos analizando la posibilidad de reanudar los vuelos internacionales”, manifestó.
Desde el Viceministerio de Transporte del gobierno interino apoyado por la oposición conformarán una comisión para analizar una posible fecha, al considerar el informe del Ministerio de Salud que establece que a finales de agosto y principios de septiembre se registrará el pico más alto de la COVID-19 en el país, con una proyección de 130.000 casos.
La decisión de aplazar la reanudación de vuelos internacionales se asumió en el directorio del Consejo de Coordinación Interinstitucional para la Facilitación del Transporte Aéreo Internacional, reunido este viernes.
La declaración en marzo de estado de emergencia sanitaria conllevó el cierre del espacio aéreo en el país, aunque excepcionalmente fueron autorizados vuelos internos para gente varada en regiones distintas a su residencia y al exterior por motivos humanitarios para salida de extranjeros y retorno de bolivianos, principalmente con otros países de América y Europa.
Linares también informó que se tiene previsto monitorear el desarrollo de la pandemia con el objetivo de proponer fechas tentativas para la reapertura de las fronteras aéreas, en concordancia con las líneas de vuelos internacionales de países vecinos que prevén reanudar operaciones en agosto o septiembre.
El paro por la pandemia de la COVID-19 ha puesto en emergencia a la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia, que hace dos semanas alertó del riesgo de quiebra de los operadores nacionales y presentó una propuesta de medidas urgentes como un crédito estatal por 100 millones de dólares.
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