La Paz, Bolivia (Xinhua).- Problemas de liquidez, afectaciones al equilibrio entre ahorro e inversión, pérdida de confianza del ahorrista, retiro masivo de depósitos, mora obligada y hasta la inestabilidad financiera, son los riesgos que corren las entidades bancarias con el diferimiento de pago de créditos hasta el 31 de diciembre de 2020, alertaron hoy economistas.
Expertos en economía analizaron las posibles consecuencias de una nueva ampliación (la tercera de este año) del pago de préstamos de las entidades financieras hasta fin de año, como consecuencia de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), establecida en la Ley de Diferimiento de Pago de
Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos aprobada en el Poder Legislativo y promulgada la noche del martes.
El economista, analista y ex funcionario del Banco Central de Bolivia, Luis Ballivián, dijo este miércoles a Xinhua que los riesgos y sus consecuencias pueden ser insostenibles si no se toman las previsiones con la inyección de recursos frescos.
Consideró que el diferimiento de pago de créditos es una especie de “mora bancaria obligada” que golpea a la liquidez, que impactará en el crecimiento de la cartera de las entidades financieras e incluso puede provocar el cierre de algunas pequeñas financieras destinadas al microcrédito.
De acuerdo con Ballivián, la COVID-19 ha sido un golpe para el sistema financiero en Bolivia, cuyo resultado puede derivar en un incremento en la mora crediticia.
También consideró que el diferimiento de pago de créditos traerá como consecuencia una baja en el flujo de efectivo para los bancos y entidades financieras este año.
Bolivia alcanzó hasta el martes 110.999 casos de la COVID-19 y 4.664 muertos desde los primeros contagios confirmados el 10 de marzo, informó el Ministerio de Salud, que aún no toma posición si se amplía o no la cuarentena dinámica que termina el 31 de agosto.
Por su parte, el analista económico, consultor independiente e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Reynaldo Marconi, manifestó que la nueva postergación del pago de créditos perturbará a la liquidez de las entidades financieras porque en los próximos meses, como dispone la norma, no recibirán capital ni intereses de los acreedores.
“El aplazamiento del pago de estas obligaciones, de hecho, agudizará más aún el problema de liquidez que tienen las entidades financieras, por cuanto seguirán incurriendo en sus costos de funcionamiento y los costos financieros”, aseveró.
De la misma manera, continuó Marconi, en ese tiempo la banca no dejará de pagar sueldos a su personal, los servicios básicos y obligaciones de intereses a los ahorristas, por tanto, consideró que se estancará la dinámica financiera de créditos y depósitos.
A decir del analista, se afecta el equilibrio de la ecuación ahorro e inversión y puede tener efectos complejos en la estabilidad económica financiera.
Alertó que este panorama se puede agravar por la pérdida de confianza de los ahorristas y eso puede provocar un retiro masivo de depósitos, si no se garantiza la solvencia de los que guardan su dinero en los bancos.
Pidió tener en cuenta que la banca funciona en un 90 por ciento con dinero ajeno, que son los que depositan o los que pagan créditos, que le permiten operar, pero si se altera ese procedimiento, se provocará una asfixia en el sector.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia, la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo, la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito, alertaron a mediados de agosto que el nuevo diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre pondrá en riesgo a la estabilidad del sistema financiero.
En un comunicado alertó que no sólo se pone en peligro el sistema financiero, sino también a la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo el país.
En suma, consideraron que la nueva ley afectará la capacidad de apoyar la reactivación económica del país y la generación de empleo, en momentos tan complejos provocados por la pandemia de COVID-19.
