Difieren pago de créditos en Bolivia

Foto: APG

La Paz, Bolivia (Xinhua).- La Cámara de Senadores de Bolivia sancionó hoy la ley que dispone el diferimiento automático del pago de créditos bancarios hasta del 31 de diciembre de 2020, para atenuar complicaciones emergentes de la pandemia de COVID-19, pese a la oposición de la banca y el gobierno interino.

El texto normativo fue aprobado por más de dos tercios del Senado dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS). El presidente en ejercicio de la Cámara, Milton Barón, dispuso que la ley pase al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Precisó que los clientes que tienen créditos en el sistema financiero podrán pagar a partir del 31 de diciembre y no sufrirán intereses penales.

El senador recordó que ya se tiene una ley vigente que dispone el diferimiento hasta seis meses después de la emergencia sanitaria. Sin embargo, acusó el gobierno interino de haber malinterpretado el texto para reactivar los pagos a partir del 31 de agosto.

Ante esa situación, dijo que se emitió una nueva norma que pone clara la fecha y se define el diferimiento hasta el 31 de diciembre.

El gobierno interino apoyado por la oposición de Bolivia y la bancada en el legislativo del MAS se enfrentaron recientemente por la aprobación de una ley que buscaba diferir el pago de créditos en la banca privada hasta diciembre de este año.

Mientras el MAS impulsaba el proyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional “para evitar malos entendidos y definir con precisión la fecha del diferimiento”, el Ministerio de Economía calificó recientemente la iniciativa de “imprudente” y “demagógica”, pues, a su juicio, tendrá efectos negativos en el sistema financiero nacional.

Por su lado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) alertó el 17 de julio que la aprobación de una ley de diferimiento de pago de créditos hasta diciembre próximo pone en riesgo la solvencia y solidez del sistema financiero de este país.

Además, en un comunicado difundido a los medios de prensa, consideró que la medida legal que está en revisión en la Asamblea Legislativa limita de forma considerable su capacidad de apoyar la reactivación económica y la generación de empleo, tan necesarias en esta coyuntura.

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