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La estatización de las agroexportadoras argentinas

Por Francisco Lucotti (Sputnik).- Vicentin pasó de ser la sexta acopiadora más importante del país a declararse en cesación de pagos con una deuda acumulada de 100.000 millones de pesos (1.450 millones de dólares). Al borde de la quiebra, será intervenida por el Estado y está próxima a ser nacionalizada.

Con 90 años de historia, la caída de la acopiadora y exportadora de granos, aceites y harinas local Vicentin es tan estrepitosa como sorprendente. Ahogada financieramente y acusada de maniobras fraudulentas por sus acreedores y proveedores, la empresa pasó a ser controlada por el Estado, lo que interrumpe anticipadamente el concurso preventivo que inició en 2020.

​La decisión del presidente, Alberto Fernández, de decretar la intervención y encarar el proceso legislativo para estatizarla por considerarla de utilidad pública generó revuelo entre dirigentes políticos y del sector privado, tanto a favor como en contra.

El oficialismo, empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) y algunos referentes rurales como los expresidentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi y Pedro Peretti defendieron la impronta del Gobierno, justificada en la necesidad de garantizar soberanía alimentaria, desconcentrar un mercado dominado por empresas extranjeras y generar un ingreso genuino de divisas al Estado.

La oposición, las principales entidades rurales, algunos empresarios y referentes como el economista y excandidato presidencial Roberto Lavagna manifestaron su rechazo, con argumentos basados en el respeto por la propiedad privada, la inseguridad jurídica, el abuso de poder, la ausencia de prioridad en este punto y el efecto negativo en las negociaciones de la deuda externa. Los directivos de la empresa aseguraron que recurrirán a la Justicia.

La joya de la corona

En 2019, Vicentin se ubicó en el puesto número seis en el ranking de las empresas agroexportadoras en el país, segunda entre las nacionales. Acaparaba 9% del total del mercado, 21% de la molienda de soja y 24% de la de girasol. Pero en diciembre de ese año, se declaró en default producto de su endeudamiento y de la crisis financiera y la devualuación ocurrida durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

La empresa suspendió el pago a sus más de 2.600 proveedores y acreedores financieros y su deuda acumulada es de 100.000 millones de pesos (1.450 millones de dólares), más de la mitad con diferentes entidades financieras públicas y privadas, locales e internacionales, aunque principalmente con el Banco Nación.

“Cuesta explicar cómo una empresa que exportó en dólares durante el período político anterior se transformó en insolvente, pero peor aún, cómo es que el Banco Nación le giró 18.000 millones de pesos (260 millones de dólares) en estas condiciones.

Todo indica que se trató de maniobras de fuga de capitales”, dijo a Sputnik el sociólogo e historiador Juan Manuel Villulla, investigador en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Universidad de Buenos Aires.

Deuda fraudulenta y estafa a proveedores

Vicentin fue una de las empresas más vinculadas al Gobierno de Macri y una de sus principales aportadores de campaña. Se calcula que participó con más de 16 millones de pesos (230.000 dólares) a la carrera por la reelección del expresidente Macri.

La crisis financiera y reperfilamiento de bonos que sucedieron a la derrota del expresidente en las primarias de agosto de 2019 llevaron a graves pérdidas a la empresa. En septiembre de 2019, comenzó a atrasarse en los pagos y a transformarse en morosa.

Sin embargo, esto no evitó que siguieran aprobándose los préstamos, incluso aumentaron.

Un mes después del cambio de Gobierno, en enero de 2020, el nuevo director del Banco Nación, el economista Claudio Lozano, denunció maniobras sospechosas en la autorización inexplicable por parte de la gestión anterior de créditos multimillonarios a la agroexportadora.

De los más de 70 préstamos que suman la deuda con la entidad bancaria nacional, 40% se autorizaron en noviembre de 2019, un mes antes del fin de la presidencia de Macri, quien había perdido las elecciones en octubre. Además, llama la atención el formato express con el que se consiguieron las autorizaciones para los desembolsos, que se aprobaban en cuestión de horas.

Vicentin está acusada además de estafar a sus proveedores: habría definido la cesación de pagos semanas antes de declararla, pero siguió recibiendo mercadería a pesar de saber que no podría afrontar los pagos.

La cerealera opera según un sistema muy común en este mercado a través del que recibe los granos sin definir el precio. Esto lleva en teoría a un beneficio mutuo tanto para el productor, que recibiría un mayor rentabilidad, y la acopiadora, que puede procesar y exportar los granos y pagarle al proveedor después de haber cobrado la venta al exterior.

Caída en desgracia

Tres días antes del default, Vicentin vendió parte de sus acciones de Renova, productora de harinas y aceites, a su socia en esta subsidiaria, Glencore, multinacional de origen suizo, con el objeto de obtener liquidez para afrontar deudas comerciales. No obstante, a principios de 2020, la empresa llamó a convocatoria de acreedores para contener los pedidos de quiebra. La Justicia le concedió el concurso preventivo en febrero.

Desde entonces, bajo investigación judicial federal, los dueños de la empresa intentaron negociar sin éxito la reestructuración de las deudas con sus más de 2.600 proveedores y acreedores, con gran parte de la operatoria frenada. Además, se dieron a conocer por lo menos tres diferentes interesados en adquirir la compañía, incluidos Glencore y dos grupos inversores argentinos.

La pregunta es el costo social y las consecuencias de lo que hubiera pasado con una hipotética venta al sector privado. Aunque también es una duda legítima entender qué gana el Estado argentino con hacerse cargo de la empresa y su deuda, que incluye más de 30.000 millones de pesos (430 millones de dólares) con entidades financieras internacionales.

“Evidentemente, esa deuda es pagable con una mejora de administración, de otro modo no habría interesados en comprar. Es una empresa estratégica con un mercado y una producción asegurados por años”, analizó Villulla.

El Grupo Vicentin controla diferentes empresas dedicadas al negocio oleaginoso, algunas radicadas en el país aunque unas pocas en el extranjero, además tiene paquetes accionarios en firmas en los rubros vitivinícola, frigorífico y algodonero, de los que dependen en total alrededor de 6.000 puestos de trabajo. En 2018, publicó ganancias por 1.800 millones de pesos (48 millones de dólares, según el cambio de entonces).

Rescate estratégico

Asegurarle al país la continuidad de activos estratégicos fue el argumento del Gobierno de Alberto Fernández para encarar la toma de control de Vicentin. Con esto se intenta evitar un vaciamiento, una venta a capitales extranjeros o un desmembramiento de la corporación que produzca despidos.

Además, el Estado incursionaría con más fuerza en el mercado cerealero, fundamental en el contexto de crisis económica nacional e internacional y la principal fuente de las ansiadas divisas, tan necesarias para la economía argentina, que está renegociando su deuda externa en estos momentos.

“El Gobierno está pensando en hacerse de un actor que permita regular precios internamente, a manera de empresa testigo, y controlar y transparentar el comercio del mundo granario, ya que hay denuncias históricas de maniobras de triangulación”, dijo a Sputnik Gustavo Lahoud, especialista en geopolítica y recursos naturales.

En Argentina, 10 agroexportadoras acaparan 90% de la venta internacional de granos, que en 2019 tuvo un volumen de 70 millones de toneladas y por el que se liquidaron casi 24.000 millones de dólares. Se trata principalmente de multinacionales extranjeras o de sociedades entre empresas locales y capital foráneo, y las primeras cinco controlan más del 50% del mercado.

Las cerealeras están exentas de la obligación de liquidar al Banco Central los dólares en el corto plazo. Además, estas empresas son agentes del Estado que retienen los derechos de exportación a los productores directos.

“El gran signo de interrogación es cómo se va a resolver virtuosamente el problema de la deuda. Si esta intervención y posterior estatización termina en una salida por la cual el Estado se termina de hacer cargo del desmanejo de la empresa, habrá sido un camino pésimo y ruinoso”, argumentó Lahoud.

El experto recomendó al Estado utilizar la intervención para auditar el valor de los activos de Vicentin a la par de sus pasivos para determinar la nacionalización de la empresa.

“La problemática de la deuda de la empresa se tiene que resolver de algún modo que esta decisión tomada le represente al Estado haber ganado al final del camino”, resumió.

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