La Paz, Bolivia (Xinhua).- El gobierno interino de Bolivia apoyado por la oposición informó hoy que amplió la denuncia contra ex ministros por la presunta compra irregular de “software” para la estatal Gestora Pública, y pidió a la Fiscalía congelar las cuentas de los involucrados, entre ellos el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ex titular de Economía, Luis Arce.
El viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia, Guido Melgar, dijo en rueda de prensa en La Paz que la Fiscalía debe decidir el requerimiento del congelamiento de cuentas del candidato del MAS por existir presuntas irregularidades.
Precisó que la denuncia se amplió contra Arce y el ex ministro de Economía, Mario Guillen (2017-2019), la ex directora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, Patricia Mirabal, y el ex viceministro de Pensiones y Sistema Financiero, Oscar Ferrufino, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
De acuerdo con el viceministro, se cuantificó un daño económico al Estado por 3,5 millones de dólares, y anunció además que se solicitará al Ministerio Público la anotación preventiva de bienes de las ex autoridades.
Por su parte, Arce descalificó este miércoles la denuncia penal que se presentó en su contra por parte de la Gestora Pública por presuntos delitos que se habrían cometido en dos contrataciones de “software”.
Dijo a los periodistas que la querella en su contra es “política” y que su objetivo es afectarlo, luego que las encuestas del domingo pasado lo dan como favorito para ganar las elecciones del 18 de octubre próximo.
En tanto, la presidenta del Senado, Eva Copa, anunció a los reporteros que denunciará ante instancias internacionales la “persecución política y judicial” que ejerce el gobierno interino contra el candidato presidencial del MAS y otras ex autoridades.
“Es lamentable que estén queriendo hacer una guerra judicial a nuestro candidato en torno a calumnias y difamaciones”, aseveró.
Denunció que el gobierno interino y los partidos de derecha desde un principio buscan proscribir la sigla política del MAS, para que no participe en las elecciones generales.
