La Paz, Bolivia (Xinhua).- La Fiscalía Departamental de la ciudad boliviana de La Paz activó hoy viernes la alerta migratoria contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, para evitar que salgan de Bolivia, por el caso de sobreprecio en la compra de material antidisturbios en noviembre de 2019.
El fiscal departamental Marco Cossío dijo en conferencia de prensa que la alerta migratoria que se activó contra los ministros es para garantizar que se sometan al debido proceso en la investigación de la compra de gases lacrimógenos para las Fuerzas Armadas y la Policía durante los conflictos del año pasado.
La disposición contempla a ambos funcionarios y a otras dos personas, quienes deben permanecer en territorio nacional mientras se desarrollan las investigaciones.
Según el fiscal, si alguno de esas personas intenta salir del país por algún paso fronterizo legal, Migración avisará al Ministerio Público para que sean remitidos a dependencias de la Fiscalía.
Murillo, desde la clandestinidad, afirmó en su cuenta de Twitter que la administración de justicia en el país “libera a pedófilos” y “persigue a quienes salvaron vidas”, en referencia al arraigo que se dispuso en su contra.
El colaborador de Jeanine Añez, líder del gobierno interino apoyado por la oposición, emitió quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al director de la División Americas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
El caso se trata de la adquisición de equipos antimotines a finales del año pasado por parte de los ministerios de Gobierno y de Defensa.
Según la denuncia, la empresa Bravo Tactical Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, intermedió en la compra en noviembre de 2019 del equipamiento, una vez que el gobierno suspendió las gestiones directas que hacía con la proveedora Cóndor.
Justamente esa intermediación generó un sobreprecio millonario.
