Gobierno boliviano arrinconado ante caso de corrupción

Foto: Red Bolivia Internacional

La Paz, Bolivia (Sputnik).- Duras condenas políticas y nuevas revelaciones de irregularidades que se extendían hasta el servicio diplomático arrinconaban al Gobierno transitorio de Bolivia, al ahondarse el escándalo de corrupción en una reciente compra de respiradores para combatir la pandemia de COVID-19.

“¡No vamos a callar ante tanta corrupción e incapacidad del Gobierno! (…) El pueblo quiere explicaciones, que se devuelvan los recursos robados”, proclamó en Twitter el candidato presidencial y exlíder cívico Luis Fernando Camacho mientras brotaban nuevos datos del caso.

La declaración de Camacho, de gran repercusión mediática porque él fue uno de los líderes de la insurrección del año pasado que derrocó a Evo Morales y encumbró a la senadora derechista Jeanine Áñez en la presidencia transitoria, surgió al mismo tiempo que otras duras críticas del mundo político.

La gobernante, tras anunciar la suspensión del ministro de Salud, Marcelo Navajas, demoraba en responder a las críticas, que apuntaban tanto al aparentemente confirmado sobreprecio de los equipos como a su mala calidad.

El candidato presidencial y expresidente Carlos Mesa (2003-2005) cuestionó la falta de control de Áñez sobre sus colaboradores, apoyándose en la declaración de la gobernante de que se enteró por las redes sociales de las presuntas irregularidades en la compra de los 170 respiradores españoles que ella distribuyó personalmente por el país en días pasados.

“Poner en riesgo la vida de los bolivianos con un acto tan reprochable de corrupción es lo peor que hemos visto. Es poco serio que la presidenta se entere de lo que pasa en su gobierno por las redes sociales. Condenamos esta irresponsabilidad en un tema tan delicado”, publicó Mesa en Twitter.

​El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, exigió “que no se encubra a ningún alto funcionario del Gobierno”, en referencia a las primeras acciones policiales y judiciales concentradas en funcionarios de rango medio antes de que sea involucrado el ministro Navajas.

El jefe del histórico Movimiento Nacionalista Revolucionario, Luis Eduardo Siles, planteó que Áñez renuncie a su candidatura presidencial -para comicios que deberían realizarse a más tardar en agosto- y forme un gobierno de unidad nacional que, entre otras cosas, impida el retorno del MAS.

Conexiones

Hasta la tarde del miércoles, la autoridad más importante bajo investigación era Navajas, mientras redes y medios revelaban supuestas derivaciones políticas y familiares del escándalo, el más grave enfrentado por Áñez en sus poco más de seis meses de gestión.

Entre esos señalamientos, se estableció que el cónsul boliviano que intervino en España en la compra de los respiradores era hijo de una candidata parlamentaria de Juntos, la alianza de Áñez, y que el novio de la hija de la Presidenta, como embajador especial para asuntos tecnológicos, fue asesor de la operación.

Además, uno de los funcionarios detenidos junto al ministro era un exempleado de Samuel Doria Medina, el millonario empresario local que es el candidato vicepresidencial de Áñez.

La canciller Karen Longaric negó conocimiento de la actuación del cónsul en Barcelona en el caso, pero la senadora del MAS Adriana Salvatierra mostró luego a la prensa un informe enviado por ese diplomático a la cancillería mientras se realizaba la adquisición de los equipos sanitarios.

Políticos oficialistas, en cambio, trataban de cargar la responsabilidad en un abogado del Ministerio de Salud, también detenido, funcionario heredado del pasado gobierno de Morales.

Desde el parlamento, dominado por el MAS, se anunciaban entretanto iniciativas de interpelación a ministros y denuncias ante la justicia ordinaria.

BID se lava las manos

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que dio su visto bueno reglamentario a la compra de 170 respiradores para la lucha contra la pandemia de COVID-19 en Bolivia, dijo que la responsabilidad de eventuales irregularidades recae solo en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“El BID examinó el proceso de adquisición de acuerdo con los procedimientos convenidos con el Gobierno de Bolivia, el cual fue responsable de estas compras a través de su agencia ejecutora”, dijo la entidad internacional en un comunicado distribuido por su representación en La Paz.

La declaración fue emitida a propósito del escándalo desatado en el país sudamericano por denuncias de sobreprecio y mala calidad de esos equipos de industria española, que derivaron en una investigación judicial y la suspensión del ministro de Salud, Marcelo Navajas.

El BID, que en un comunicado divulgado el pasado lunes había dicho que “consideró pertinente” la adquisición, hecha a un costo de 4,7 millones de dólares financiados por ese organismo, afirmó el miércoles que estaba preocupado por las denuncias de corrupción.

“Ni bien surgieron señales de posibles irregularidades en el proceso, la alta gerencia del Banco decidió revisar el caso, que a su vez fue remitido a su Oficina de Integridad Institucional, la cual lleva a cabo investigaciones y recomienda sanciones públicas a empresas e individuos que cometen prácticas prohibidas en licitaciones financiadas por el Banco”, afirmó el BID.

Añadió que dicha oficina está evaluando la información “para determinar si se cometieron prácticas prohibidas en este caso”.

Según las denuncias de organizaciones médicas, universidades y políticos locales de diversa tendencia, el Gobierno de Bolivia aceptó pagar casi 28.000 dólares por cada uno de esos respiradores, sin accesorios ni costo de transporte, desechando una oferta de equipos similares por 12.500 dólares cada uno, con todos sus accesorios y puestos en La Paz.

Dos consorcios locales liderados por universidades informaron que habían ofrecido al Gobierno, antes de la compra de los equipos de la polémica, respiradores adecuados a normas internacionales a precios unitarios que oscilaban entre 1.000 y 2.300 dólares.

La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva dijo en un comunicado que los respiradores importados no servían para ser utilizados en salas de cuidados intensivos ni en servicios de emergencia.

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