Rechazan observaciones y promulgan Ley de elecciones

Cámara de Senadores de Bolivia / Foto:RBI

La Paz, Bolivia 1 mayo (ABI).- El Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó el jueves las observaciones que realizó la presidenta Jeanine Áñez a la Ley que acorta a 90 días el plazo para realizar las elecciones nacionales, que en principio debían desarrollarse el 3 de mayo, dando prioridad a la coyuntura política sobre la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19.

“El Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros presentes ha determinado declarar infundadas las observaciones planteadas por la Presidenta (Jeanine Áñez), quedando subsistente el contenido de la ley sancionada y se procederá a su promulgación conforme al numeral 11 de la Constitución Política del Estado”, manifestó la presidenta de la ALP, Eva Copa (MAS), luego de la votación de los legisladores.

Luego de imponerse el rodillo del MAS, Copa promulgó la norma, que establece 90 días calendario para realizar los comicios a partir de su promulgación.

Ese proyecto de ley fue enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en principio planteaba que los comicios se realicen entre junio y septiembre de este año, pero el Legislativo modificó la norma y dio un plazo máximo de 90 días calendario para efectuar las elecciones.

Al finalizar la tarde el Senado sancionó la norma y la envió al Ejecutivo para su promulgación.

Sin embargo, minutos después, la presidenta Jeanine Áñez envió una misiva a la presidencia del Legislativo observando la norma y pidió priorizar la salud de los bolivianos ante la emergencia sanitaria por la pandemia que causó la muerte de más de 200.000 personas en todo el mundo.

Áñez propuso que “se mantenga la redacción original” del proyecto de ley enviado por el Órgano Electoral que, en su artículo 2, establecía que “en el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación de las elecciones generales 2020, que deberá efectuarse entre el 7 de junio y el 6 de septiembre”, en base a criterios técnico científicos para evitar la propagación del coronavirus.

Justificó esa propuesta debido a las “dificultades sobrevinientes (cada vez más complejas) ocasionadas por la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno”, y que la definición de la fecha de los comicios se establecería mediante un diálogo con los actores políticos y órganos del Estado “para garantizar a todas y todos los bolivianos el ejercicio de sus derechos, preservando por encima de todo su salud y su vida”.

Por su parte, los dos tercios del MAS consideraron injustificadas las observaciones y antepusieron su deseo de adelantar los comicios por sobre la seguridad de los bolivianos.

Desde días pasados, el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, reveló que la diputada del MAS, Toribia Pomacusi, denunció que fue presionada por los miembros de su partido para rechazar el proyecto de ley que envió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para postergar los comicios nacionales.

Luego de que el Senado sancionó la norma observó que el MAS priorice ambición política, sobre la seguridad de la población.

“El MAS aplicó el rodillo que tiene en ambas cámaras para modificar el proyecto de ley que envió el Tribunal Supremo Electoral acortando los plazos para la realización de las elecciones, me parece una actitud absolutamente irresponsable, temeraria que solo obedece a las ambiciones de poder de Evo Morales, no les importa la salud de los bolivianos”, informó.

A su juicio, el MAS “mostró su desprecio por la salud de los bolivianos” por priorizar un tema político antes que la seguridad de la población, en medio de una pandemia.

El miércoles, por su parte, la diputada de UD, Shirley Franco, denunció que el expresidente Evo Morales hizo seguimiento de la sesión de la Cámara Baja para hostigar a los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que voten por adelantar los comicios nacionales en un plazo máximo de 90 días, priorizando sus intereses políticos.

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